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Compensar los gastos de transporte o manutención de los estudiantes que no tienen una nómina, limitar las prácticas no vinculadas a los planes de estudios y reforzar las multas a las empresas incumplidoras. Esos son los principales objetivos que persigue del estatuto del becario, el anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros de este martes, como anticipó este periódico la semana pasada. Se trata de la segunda lectura de proyecto en el gabinete, tras la primera en noviembre del año pasado, antes de enfrentarse al escrutinio del Congreso, donde tiene escasas opciones de triunfar. A la previsible oposición del bloque que ya tumbó la reducción de jornada (PP, Vox y Junts) se suman las dudas de socios habituales del Ejecutivo.
