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Los Ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona (Cádiz) han denunciado este martes ante la Fiscalía de Medio Ambiente los vertidos mineros en el río Guadalquivir autorizados y previstos por el Gobierno andaluz (PP), y que prevén multiplicarse por 10 en los próximos años cuando estén a pleno rendimiento las minas de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces. Junto a los Consistorios gaditanos también ha denunciado ante el ministerio público la asociación de consumidores Facua y ahora estudian hacerlo más entidades y Consistorios, como el de Coria del Río, bajo la plataforma Salvemos el Guadalquivir. Los alcaldes, agentes sociales y científicos han presentado un nuevo informe de expertos de tres universidades andaluzas que censuran cómo los vertidos de agua conllevarán una contaminación de altos niveles de metales pesados en el estuario del río.
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