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Javier Muñoz entró el miércoles en la sala de la Audiencia Provincial de Valladolid haciendo crujir el suelo de madera y se sentó en la silla ante el tribunal. A sus sesenta años, acudía como testigo para contar cómo fue la última despedida de su padre, Mariano, fallecido el 17 de marzo de 1997. Javier es solo uno más de la lista de 5.973 presuntos perjudicados por el “fraude de los ataúdes”. El 2 de marzo arrancó el juicio del llamado “caso funeraria”, en el que se sientan en el banquillo 23 trabajadores y responsables del Grupo El Salvador, una macroempresa de servicios fúnebres con siete tanatorios en la provincia de Valladolid y un cementerio en Santovenia, a siete kilómetros de esa ciudad.
