Ascoltatori:
Ascoltatori di punta:
play_arrow
OnAir España
En julio, las denuncias de acoso sexual y abuso de poder de dos trabajadoras de La Moncloa destronaron a quien iba ser la persona de confianza del presidente Pedro Sánchez en la sede federal del PSOE, Paco Salazar. Pese a negar taxativamente los hechos, el dirigente dimitió como secretario general de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno y solicitó su baja en el partido. La polémica consecuente ilumina un problema estructural muchas veces oculto. Desde 2018, los ministerios, organizaciones y empresas que forman la Administración general del Estado han visto cómo se activaban sus mecanismos internos contra el acoso sexual o por razón de sexo en al menos 516 ocasiones, según datos a los que accedió EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. De ellos, 115 casos fueron estimados. Es decir, las administraciones tomaron decisiones contra los infractores en un 22% de las ocasiones, aunque hay casos que siguen abiertos, o no se detalla qué ha ocurrido finalmente con ellos por confidencialidad, o porque han acabado en los tribunales. Esos datos, por tanto, apenas representan la punta del iceberg.
