Hace seis años, un grupo especializado de guardias civiles analizaba los mensajes intercambiados el 20 de abril de 2020 entre dos personas a las que se investigaba por narcotráfico y a los que los agentes habían tenido acceso. Uno de los interlocutores era Kilian López, cuya empresa, Andgar internacional, con sede en Barcelona, iba a servir supuestamente como tapadera para desembarcar en Algeciras cocaína procedente de Brasil disimulada en un cargamento de café. Uno de sus mensajes decía: “Ahora hemos hecho una operación de dos millones y se han quedado 400 ellos y 400 yo. Han pegado un pepinazo que no veas”. Los dos hombres se comunicaban a través de Encrochat, un sistema de mensajería encriptado utilizado, entre otros, por delincuentes que intervino la Gendarmería francesa en junio de ese año y cuya información trasladó a los Estados de donde eran los usuarios. Los especialistas de la Guardia Civil sospecharon al leer la frase. Y empezaron a tirar de un hilo que acabó en una madeja de corrupción con epicentro en la Diputación de Almería, feudo todoporderoso del PP en Andalucía, y cuyos hilos movían “ellos”: el que entonces era su presidente, Javier Aureliano García; su delegado de la Presidencia, Fernando Giménez; y el de Fomento, Medio Ambiente y Agua, Óscar Liria. El “pepinazo”: un contrato de mascarillas con otra empresa de López -Azor corporate-, firmado el 8 de abril de 2020 de abril, por 2.036.186,24 de euros, de los que la UCO estima que “ellos” cobraron comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros.
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