La incertidumbre por la prórroga de los alquileres aboca a un choque entre inquilinos y caseros en los tribunales

El futuro inmediato de miles de contratos de alquiler se decide entre el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Congreso de los Diputados y, previsiblemente, los tribunales. Desde el pasado domingo, los inquilinos cuyos contratos expiren antes del 31 de diciembre de 2027 pueden acogerse a una prórroga automática en los mismos términos y condiciones. Esta extensión, de hasta dos años de duración, “deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador”, salvo en los supuestos previstos por la ley, según recoge el decreto publicado en el BOE. Sin embargo, la norma aún debe ser convalidada por las Cortes para consolidar su vigencia, lo que abre el interrogante de qué ocurrirá con las prórrogas ya solicitadas si el Congreso decide tumbarla, algo más que probable dado el rechazo que estas medidas suscitan en las formaciones de derechas.

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