El 20 de febrero, un anestesista argentino de 31 años fue encontrado muerto en su departamento del barrio de Palermo, en Buenos Aires. Según los primeros reportes del personal de emergencias, tenía una vía conectada al pie derecho, insumos descartables para inyecciones y dos fármacos que no se comercializan en farmacias ni están disponibles para uso particular: propofol y fentanilo. La muerte del médico, que trabajaba en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y había sido residente del Hospital Rivadavia —ambos públicos—, develó una trama más amplia y fue el inicio de una investigación judicial que apunta a profesionales de la salud por el presunto robo de medicación, que era redistribuida luego y consumida incluso en fiestas con fines recreativos que llamaban Propo fest.
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