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El borrador de ley universitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de octubre rebajó de un millón a 300.000 euros la pena por “impedir o dificultar, por acción u omisión, los procesos electorales regulados por la ley en el campus universitario; así como permitir la celebración de referéndums ilegales”. El anteproyecto del equipo de la Comunidad de Madrid conocido como Los Pocholos, que ya no gestionan la educación madrileña, se ha parado, pero con esa idea en mente la Plataforma UCM por la Pública ―conformada por trabajadores y estudiantes― ha simulado este jueves un referéndum con el que querían escenificar ante la opinión pública que siguen en la UCI. La urna se ha cerrado a las seis con 7.482 participantes.
