El Ejecutivo de Ayuso prueba una nueva fórmula de colaboración público-privada en la que paga servicios sociales según el resultado

Esto es, literalmente, un experimento. La Comunidad de Madrid, que gobierna Isabel Díaz Ayuso, ha decidido probar en un contrato para atender a personas sin hogar una fórmula de colaboración público-privada que implica pagar al adjudicatario por los resultados de sus servicios. La apuesta, recibida con inquietud en parte del sector (“Es un peligro”, refiere Álvaro Revilla, presidente de la asociación de gerentes y directores sociales de la Comunidad de Madrid), está amparada por un convenio firmado con el Gobierno de España. Para probarla, el ejecutivo conservador que gobierna Madrid ha licitado un contrato de más de 2,6 millones de euros, consultado por EL PAÍS en el portal de contratación regional, que inaugura una nueva etapa en las políticas sociales de la región y, según la oposición, la adentra en un camino “mercantilista”. Los pagos dependerán de una verificación de los resultados realizada por una empresa independiente.

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