El peso de la tortilla francesa que ve el inspector de la Comunidad de Madrid es tan “escaso” que merece su reproche. No ayuda tampoco que el plato venga sin guarnición. Ni que observe “carros y bandejas con suciedad, restos o desperfectos”. Las conclusiones de su informe se recogen en uno de los cinco expedientes que ha abierto la Comunidad de Madrid en el último año y medio para sancionar con más de 12.000 euros a la adjudicataria del servicio de comidas para los centros ocupacionales Aluche y Juan Ramón Jiménez (Leganés) para personas con discapacidad intelectual. En esos documentos, consultados por EL PAÍS en el portal de contratación, se describe “un deficiente estado de limpieza y conservación en instalaciones, equipamientos y utensilios”. También “falta de higiene en almacenes o cámaras en donde se almacenan y conservan los alimentos: suciedad, mal olor, etc…”. Sin embargo, la oposición de izquierdas no pone a la empresa hasta abril responsable del servicio (Bedmar) en el centro de su diana. El problema, argumentan, es que el precio base del menú que recoge la licitación de la Comunidad fuera de 6,03 euros más IVA, y el de la adjudicación, de 5,45 más IVA, pues la empresa ofertó por debajo para ganar. Desde abril, el servicio lo da otra empresa.
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