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OnAir España
Inquilinos y propietarios viven días de inseguridad e incertidumbre máximas desde el pasado 28 de abril, cuando decayó en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley 8/2026, de 2 de marzo, que establecía la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que vencieran hasta el 31 de diciembre de 2027 y fijaba un tope del 2% a la actualización anual de las rentas. Mientras estuvo vigente —apenas 39 días—, decenas de miles de inquilinos enviaron burofaxes a sus arrendadores solicitando acogerse al límite y al tiempo extra de dos años, un parapeto contra las subidas del alquiler. Pero muchos propietarios están comunicando a sus arrendatarios que rechazan las medidas. ¿Quién lleva razón?
