El asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz revela de nuevo el vínculo entre el crimen organizado y el Estado

Es, por desgracia, una historia vieja en Veracruz. Un comando armado entró en casa del periodista Moisés Sánchez en Medellín de Bravo el 2 de enero de 2015, lo sacó delante de su familia y de la mirada omisa de policías municipales y lo encontraron sin vida 22 días más tarde. El principal sospechoso de haber encargado su muerte sigue siendo el alcalde Omar Cruz. Sergio Landa se reunió con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz el 22 de enero de 2012 y esa fue la última vez que lo vieron con vida sus compañeros de Diario Cardel. Todavía sigue desaparecido. María Elena Ferral recibió ocho tiros en marzo de 2020 después de haber investigado durante años desapariciones forzadas y corrupciones del poder. Había denunciado las amenazas constantes de una red política encabezada por el exalcalde y exdiputado Basilio Picazo, todavía prófugo. En Veracruz mataron a Regina Martínez, a Noel López, a Cándido Ríos, a Jorge Celestino Ruiz, a Jacinto Romero, a todos después de haber denunciado las amenazas. La lista de periodistas asesinados crece y crece en el Estado hasta llegar este viernes al número 34, el de Roxana Guzmán. El último crimen contra la prensa que revela, de nuevo algo viejo, el vínculo entre el crimen organizado y el Estado.

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