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Junts per Catalunya eleva el tono con su política migratoria. A rebufo de la crisis de Ceuta, la formación independentista catalana ha desempolvado sus reclamaciones al Gobierno para que transfiera a Cataluña las competencias sobre migración y exige que la Generalitat tenga la llave para controlar las regularizaciones, con capacidad de vetar el pago de ayudas para aquellas personas que no demuestren una “integración” en Cataluña. “Hablar de inmigración no es ser racista. Lo que hace falta es afrontar los problemas y dar soluciones”, manifiesta el partido. Junts busca marcar perfil en un momento en que baraja unas expectativas electorales a la baja, y aparece perjudicado por el auge que experimenta la ultraderecha independentista que representa Aliança Catalana.
