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La Audiencia de Barcelona ha dado la razón a un hombre que decidió recurrir dos embargos que le practicó la Agencia Tributaria de Cataluña: la Hacienda autonómica le tendrá que devolver los 579,7 y 860,7 euros que le cargó en 2022 directamente en su cuenta corriente, como intereses de demora de sanciones administrativas que tenía pendientes. El motivo de la decisión judicial es que el afectado contaba con unos ingresos procedentes de una prestación de invalidez permanente absoluta que eran inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), de los que dependía para vivir. De hecho, el afectado sostuvo cuando recurrió la decisión le generaron perjuicio al no poder atender otros pagos ni la compra de alimentos.
