Justicia ahogada en petróleo

Nada de lo que pasa en Venezuela después de la captura el 3 de enero de Nicolás Maduro debería llamarse “acuerdo”, al menos si por acuerdo se entiende que ambas partes negocian en igualdad de condiciones. No lo están. La realidad es que Venezuela es un país intervenido por la fuerza, y que la presidenta Delcy Rodríguez cumple instrucciones de la Casa Blanca. No está claro con qué grado de resistencia, pero siempre bajo la amenaza de correr la misma suerte que Maduro. De esa asimetría nace el pacto petrolero “más importante de la historia mundial”, en palabras de Donald Trump, un pacto del que todavía no se sabe si beneficiará tanto como se promete a los estadounidenses, a los venezolanos, a ambos, o solo a unos pocos. En el centro de ese acuerdo se encuentra el empresario Alejandro Betancourt, investigado desde hace más de una década por varios delitos y con causas abiertas en Suiza y España. En virtud del “acuerdo”, la empresa de Betancourt recibe de Caracas la concesión de 17 campos petroleros con 65.000 millones de barriles en reservas —casi una quinta parte del total venezolano— y cede al Departamento de Guerra de EE UU el 35% de la compañía, con lo que Washington compra a precio de coste e interviene en su junta directiva.

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