La policía británica temió que Andrés de Inglaterra destruyese pruebas si se le avisaba de los registros en sus viviendas

El 19 de febrero de 2026, la policía británica entró en dos de las residencias en las que vivió del expríncipe Andrés —Royal Lodge, en Windsor, que había abandonado semanas antes obligado por Carlos III ante el escándalo por su relación con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein, y la de Sandringham, cedida por su hermano— en busca de pruebas para la investigación contra él por supuesta conducta desleal en cargo público entre los años 2001 y 2011 como representante comercial del Reino Unido. Transcurridos ocho meses, el exduque de York denunció que los registros habían sido ilegales y que las autoridades se llevaron objetos personales que nada tenían que ver con el caso mientras él permanecía bajo arresto en una comisaría cercana a Sandringham. Unos días después, el pasado 8 de octubre, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales confirmó la ilegalidad de las búsquedas y ordenó que se anulasen las órdenes de registro. Pero este reconocimiento no implica que el caso se cierre. De hecho, sigue la investigación y continúan haciéndose públicos nuevos detalles.

Seguir leyendo