El Supremo exige al Gobierno la lista de los afectados por la ‘ley de nietos’ y amenaza de multa y posible responsabilidad penal si no lo hace

La retirada masiva del derecho al voto a los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática ha derivado en un pulso entre el Tribunal Supremo y el Gobierno de consecuencias, por ahora, imprevisibles. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado este viernes cinco días a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares para que remitan al alto tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la lista con los nombres de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del derecho al voto de la llamada ley de nietos y les amenaza con una multa y posibles responsabilidades penales si no cumplen antes del 28 de octubre. En dos autos notificados para informar de esa medida, el alto tribunal revela que, según los datos aportados por la Abogacía del Estado, se han revisado 31.390 expedientes, de los que solo se han expedido 91 certificados por parte de los encargados de los consulados a descendientes del exilio, la condición que impusieron los jueces a los nacionalizados por la ley de nietos para poder votar en las elecciones del 29 de noviembre.

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