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La Xunta lleva más de 15 años intentando sacar adelante unas obras que supondrán verter en alta mar 500.000 metros cúbicos de lodos portuarios. Se trata del dragado de la desembocadura del río Lérez, una gigantesca retirada de los sedimentos acumulados en la ría de Pontevedra durante décadas para aumentar su calado y mejorar la navegabilidad. El proyecto, que costará 12 millones de euros, es polémico por su impacto ambiental. Afectará a los bancos pesqueros y marisqueros y los residuos se tirarán a tres kilómetros del Parque Nacional Illas Atlánticas, el único paraje gallego con la máxima protección ambiental posible e integrado por las Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada. Una treintena de colectivos, entre ellos cofradías de pescadores, productores de mejillón, ecologistas y el sindicato mayoritario CIG, han presentado alegaciones en las que reclaman más vigilancia ambiental y compensaciones económicas.
