El Ministerio de Consumo intenta dibujar un mapa fiel de las ocho grandes asociaciones de consumidores del país y les ha exigido más transparencia para verificar su actividad y cuentas. Por primera vez en la historia, el Gobierno ha reclamado al movimiento de consumidores que detalle sus acciones desarrolladas en 2024, entre consultas y reclamaciones de los usuarios, para verificar que todas fueron reales. El objetivo de esta auditoría inédita, iniciada en noviembre, es descartar fraudes y comprobar el volumen de estas asociaciones, que el año pasado percibieron tres millones en subvenciones del Estado. Una década después del escándalo de Ausbanc —acusados de extorsionar a bancos y empresas—, el movimiento está atomizado y debilitado por la permanente dificultad de retener a miles de socios con poca fidelidad hacia las organizaciones que defienden sus derechos frente a los abusos de las compañías.
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