Poner de acuerdo a los 27 países de la Unión siempre ha sido un reto para las instituciones europeas, lo que ha llevado a menudo a dilatar los tiempos para impulsar cualquier legislación. MiCA, la ley sobre criptoactivos, tardó años en gestarse y entró en vigor el 30 de diciembre de 2024. Pero poco más de un año después, ya se busca revisar la normativa o, al menos, aclarar algunos aspectos del texto. La Comisión Europea propuso en diciembre centralizar la supervisión de las empresas cripto en manos de la ESMA, el coordinador europeo, quitando de facto la competencia a los vigilantes nacionales. Pero no todos están de acuerdo: algunos se oponen totalmente a esta posibilidad, otros consideran que solo debería vigilar a las entidades significativas.
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