La corrupción del ‘caso Lezo’ supura en medio del pulso entre Colombia y Madrid por controlar la joya americana del Canal de Isabel II

El caso Lezo, que investiga a una red de políticos y directivos que presuntamente aprovechó la expansión internacional del Canal de Isabel II para cobrar jugosas mordidas, supura como una herida mal curada en medio del pulso de Colombia y Madrid por el control de la Triple A de Barranquilla. Esta compañía, que era propiedad de la empresa pública madrileña, fue expropiada en 2022. ¿La razón? Que la Fiscalía colombiana consideró que pagaba por unas asesorías técnicas supuestamente inexistentes para así generar mordidas. Desde entonces, las dos partes pleitean en una corte de arbitraje (CIADI). En respuesta a los argumentos de Colombia, el Canal acaba de encargar un estudio jurídico que debe precisar si los tipos penales que investiga la justicia española en el caso Lezo incluyen (o no) el análisis de si los fondos para comprar la Triple A “tuvieron origen ilícito”. Y no solo eso. También debe detallar si en el tribunal español “se analiza la presunta corrupción en la inversión en Colombia en relación con el contrato de asistencia técnica, o la violación de alguna norma de Derecho colombiano”. Una conversación grabada ayuda a entender buena parte del conflicto.

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