El Gobierno impugna el centro universitario del Colegio de Abogados amadrinado por Ayuso por “no respetar el marco jurídico básico”

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Abogacía General del Estado, formalizó el 13 de abril ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid su demanda contra la orden dictada el pasado noviembre por la Comunidad de Madrid que autoriza la apertura de un centro adscrito del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en la Universidad Complutense (UCM). Una decisión, la de la creación de la institución privada, que es insólita y que muchos juristas consideran ilegal. Además, ha soliviantado a muchos colegiados, que no comparten esta arriesgada aventura empresarial ―un informe interno de la consejería duda de su solvencia financiera― que ha retrasado su inauguración un año ante el embrollo jurídico que ha desencadenado. Dos diputados regionales socialistas colegiados en el ICAM también han presentado recurso (a título personal) y la Universidad Carlos III estudia hacerlo.

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