Las residencias de la Comunidad de Madrid expulsan en un año al menos a una docena de usuarios por quejarse de los centros

Quejarse puede salir caro en una residencia de mayores en Madrid. Lo sabe, al menos, una docena de usuarios y familiares que denuncian que han sido expulsados o sancionados tras protestar por las malas condiciones en las que viven en estos centros. La solución casi siempre es la misma: amenazas de traslados forzosos que en algunos casos se han terminado concretando, según familias y asociaciones en defensa de los residentes, que interpretan estas medidas como “represalias” por visibilizar ―a veces públicamente, a veces solo ante la dirección del centro― el deterioro que sufren estos centros. La situación se ha convertido en una especie de patrón, pero las residencias se desmarcan y se escudan en supuestos incumplimientos del régimen interno disciplinario por parte de los residentes o familiares involucrados y niegan rotundamente cualquier tipo de venganza.

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