Era el 29 de mayo del año pasado, tres días después de que saliera a la luz un vídeo en el que la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentaban convencer a un investigado por la Guardia Civil para que les facilitara información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, el mando de la Unidad Central Operativa (UCO) encargado de las principales operaciones contra la corrupción que afectan al Gobierno. Ese día, la directora general del instituto armado, Mercedes González, se reunía con él en su amplio despacho oficial de la calle Guzmán el Bueno, en Madrid. No estaban solos. Al encuentro, también acudieron el entonces superior jerárquico de Balas en la unidad, el en aquel momento coronel Rafael Yuste; el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, y el máximo responsable de los grupos de Policía Judicial de la Guardia Civil, el general Alfonso López Malo, que anteriormente había sido el jefe de UCO.
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