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Uno de los objetivos del Gobierno de José Antonio Kast es “fortalecer la convivencia” y “promover una mayor responsabilidad” ciudadana. Para eso ha enviado esta semana al Congreso un proyecto de ley que crea el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, que estará integrado, tras la orden de un tribunal, por los ciudadanos que cometan delitos o conductas incívicas que son castigadas administrativamente. A quienes cometan los delitos más graves —entre ellos el homicidio o lesiones a autoridades, provocar un incendio o microtráfico—, además de las penas de la justicia penal, se los sancionará con la suspensión de benefios sociales como el financiamiento de la gratuidad en educación superior o de la Pensión Garantizada Universal (PGU). El Ejecutivo chileno contempla, adicionalmente, una serie de restricciones que afectarán a todos los inscritos en el resgistro, de ser aprobado por el Parlamento: desde no poder postular a subsidios habitacionales hasta la prohibición de asistir a partidos de fútbol profesional o renovar la licencia de conducir.
