Va a ser difícil que el contraste existente entre distintas decisiones tomadas estos días por órganos e instituciones relacionadas con la administración de justicia sea comprendido y asumido por amplios sectores de la opinión pública. El Consejo del Poder Judicial ha decidido iniciar los trámites para expedientar, en su caso, al juez Juan Carlos Peinado, por aludir en su último auto a la posibilidad de que los policías de la escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, la ayuden a huir de España, ahora que el magistrado le ha impuesto la medida cautelar de retirada del pasaporte. La resolución sobre Peinado la ha adoptado la permanente del órgano de gobierno de los jueces, pero partida en dos: cuatro vocales conservadores contra tres de carácter progresista, estos últimos apoyados en esta ocasión por la presidenta de la institución, Isabel Perelló, en posesión del voto dirimente o de calidad.
Seguir leyendo