Termina el curso y muchos docentes cerramos las actas con una sensación difícil de explicar. Cada vez es más frecuente que algunas familias no pregunten qué necesita aprender su hijo, sino por qué no tiene la nota que esperaban. La evaluación continua parece interpretarse como un derecho a obtener una determinada calificación y no como una valoración profesional del aprendizaje. Mientras tanto, el profesor trabaja bajo una presión constante: las expectativas de las familias, las demandas del alumnado, la normativa, las posibles reclamaciones y, a veces, la falta de respaldo de la propia comunidad educativa. Da la impresión de que debemos justificar continuamente nuestro criterio, como si nuestra formación y experiencia valieran menos que la percepción de quien discrepa. No se trata de negar el derecho de las familias a interesarse por la educación de sus hijos sino de recuperar la confianza en el profesorado y entender que educar también implica aprender a aceptar el error, el esfuerzo y la frustración. Cuando un docente empieza a preguntarse si debe modificar una nota para evitar un conflicto, el problema ya no es una calificación. Es el respeto que estamos perdiendo hacia una profesión esencial para el futuro de nuestra sociedad.
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