Vox ha ampliado su ofensiva jurídicica contra la aplicación de la llamada ley de nietos, que permite acceder a la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles, con la presentación de querellas contra dos altos cargos del Ministerio de Justicia: la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez, y de su antecesora en el cargo Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente y en la actualidad secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia. Vox imputa a ambas los delitos de usurpación de funciones legislativas y prevaricación administrativa. El primero está penado con hasta tres años de prisión, multa de hasta 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 12 años, mientras que el segundo se castiga con nueve a 15 años de inhabilitación. Es la primera vez que Vox se querella contra dos altos cargos, pues hasta ahora siempre lo había hecho contra el presidente del Gobierno o ministros, sin que se admitieran a trámite en ningún caso.
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