Cataluña se ha caracterizado en los últimos años por una lenta capacidad para impulsar las energías limpias, fuente de obstáculos normativos, oposición territorial y críticas por agravios territoriales. A finales del año pasado, la Generalitat puso los mimbres de un nuevo plan para superar esos problemas y acelerar la implantación de placas solares y molinos eólicos e intentar limpiar una gran mácula en su expediente de energías verdes: el despliegue apenas alcanza el 20% de lo que será necesario en 2030. El Departamento de Territorio tiene todavía mucho camino por recorrer y será, al menos, duro: sus técnicos solo superarán la primera fase de alegaciones que ha impuesto a su plan territorial sectorial para la implantación de energías renovables (Plater) tras revisar 12.143 alegaciones, de las que más de 1.300 proceden de organismos municipales, ya sean diputaciones, consejos comarcales o municipios, que bien han decidido participar de una forma constructiva a la norma planteada por el Govern de Salvador Illa o la han rechazado de plano ante lo que consideran la destrucción del territorio.
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