La incertidumbre atenaza a los afectados por pobreza energética

Desde principios de año, los afectados por pobreza energética en Cataluña han visto aumentar su incertidumbre a unos niveles que no sentían desde antes de marzo de 2021. En ese momento la Generalitat firmó un convenio con Endesa —que tiene casi el monopolio de la distribución eléctrica en el territorio y algo menos de la mitad de la comercialización— que obligaba a la empresa a una serie de compromisos con las familias vulnerables. Este convenio caducó al finalizar el año pasado, y la Generalitat decidió no renovarlo, con el argumento de que la situación de los precios de la energía ya no es tan urgente, y de que ahora ya existe en un marco legal que protege a los afectados por pobreza energética, gracias a la ley catalana 24/2025 y al escudo social del Gobierno central. Esta semana, sin embargo, el Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, tumbó los dos decretos que prorrogan este escudo social. A la espera de saber si el Gobierno podrá encontrar la manera de aprobarlos, troceándolos o mediante otros mecanismos, los afectados lamentan que cada vez quedan menos mecanismos para protegerse ante cortes de luz o precios de la energía elevados que no pueden pagar.

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