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La residencia Casaverde, en el madrileño municipio de Navalcarnero, había avisado a las familias de sus residentes con discapacidad de que no podían vivir más ahí. El mensaje era contundente: “Dispone de un mes para gestionar y coordinar el traslado a otro recurso residencial”, porque el centro fue “seleccionado dentro del acuerdo marco de la Comunidad de Madrid para la atención a personas adultas con discapacidad física en centro residencial, y la Administración nos requiere disponer de las plazas a partir del 1 de noviembre”. La decisión, comunicada a mediados de octubre, ya estaba tomada, pero dieron marcha atrás cuando los afectados denunciaron a la prensa su “expulsión”. Este periódico ha preguntado a la residencia cuántas personas han recibido esa notificación, pero no ha respondido.
