La huelga general del próximo miércoles es, desde múltiples puntos de vista, inédita. Parte de la iniciativa de un movimiento sin capacidad legal para convocarla, el Sindicato de Inquilinas (SDI), y no de los sindicatos de clase tradicionales, UGT y CC OO, que se han sumado a esa reclamación y han sido los que han “legalizado” la convocatoria, explica Valeria Racu, portavoz del SDI. No tiene que ver con cuestiones estrictamente laborales, sino, sobre todo, con las dificultades de acceso a la vivienda. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha animado a la población a participar en ella —“Creo que va a ser la primera vez que no puedo ir de piquete. Bien que me gustaría”, dijo—; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se desconvoque —“Las huelgas generales no se convocan contra quien no gobierna”—; y la última fue hace 14 años, en 2012, contra los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
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