La Fiscalía de Málaga pone la lupa sobre las ‘casas móviles’

Su precio ronda los 50.000 euros. De segunda mano, incluso menos de la mitad. Las conocidas como mobile home ―casas móviles― son una alternativa cada vez más común a la vivienda tradicional por su menor coste. Se instalan en apenas una mañana y cuentan con todo lo necesario para vivir: dormitorio, cocina, baño y zonas comunes. Sus ventajas también las han convertido en un problema porque la mayoría se ubican en fincas rústicas, donde el uso residencial está prohibido. “Proliferan como setas”, reconoce Jorge Gallardo, alcalde de Cártama (Málaga, 29.333 habitantes). “Y la inmensa mayoría son ilegales”, insiste el regidor, en cuyo ayuntamiento los expedientes de denuncias se han desbordado. Estas residencias se han convertido, además, en el delito urbanístico más común en Málaga. Suponen ya la mayoría de los 62 casos detectados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil durante 2025 en la provincia y dentro de la operación Murus. En ella se investiga a 125 personas, según los datos facilitados por el Instituto Armado.

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Localizados un centenar de pozos ilegales

Durante el año 2025, la Guardia Civil localizó en Málaga hasta 97 pozos y sondeos sin autorización para la captación ilegal de aguas. Los agentes del Seprona los localizaron en el marco de la operación Aridum, en la que se han realizado 168 inspecciones con el objetivo de luchar contra la sobreexplotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos de la provincia. En total hay 34 personas investigadas por 23 delitos de usurpación de aguas, contra el medio ambiente y por daños al dominio público hidráulico. Se trata de delitos leves que van directamente a juicio y que, según el fiscal de Medio Ambiente, Fernando Benítez, suelen acabar en multas baratas para los infractores. “Pero es un problema muy grave”, señala quien recuerda que, aunque las últimas lluvias han llenado los embalses y los acuíferos, hace poco más de un año la situación era de grave sequía. “En unos años volveremos a estar igual, seguiremos viendo agua que se extrae sin control y volveremos a echarnos las manos a la cabeza”, concluye el fiscal.