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OnAir España
La investigación de los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil que esta semana ha derivado en la detención del dueño de la empresa Forestalia, Fernando Samper, y del ex alto funcionario del Ministerio para la Transición Ecológica Eugenio Domínguez ha destapado toda una trama para favorecer supuestamente los proyectos eólicos y solares de esta empresa aragonesa y que recibieran el aval medioambiental. Hasta tal punto que Domínguez —subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio entre 2017 y junio de 2023, y luego unos meses más asesor del mismo departamento— se autoasignaba los proyectos de Forestalia para tramitarlos. Creó presuntamente una “caja negra” en “la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando en su persona un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez”, como explica la UCOMA en uno de los informes incorporados al sumario del caso al que ha accedido EL PAÍS.
No es la primera vez en los últimos meses en que la empresa Forestalia, epicentro de la supuesta trama desmantelada en Aragón, es investigada por la justicia. El 12 de diciembre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron las sedes de esta sociedad en Madrid y Zaragoza por orden del juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña dentro del llamado caso Leire, una investigación en la que fue detenida la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario vasco Joseba Antxon Alonso, socio y amigo del exdirigente del PSOE Santos Cerdán. El objeto de aquellos registros fue recabar indicios sobre la existencia de una red que adjudicaba de manera presuntamente fraudulenta contratos y subvenciones públicos. Las pesquisas, como ahora, también salpicaban al Ministerio de Transición Ecológica.
Este hecho llevó a los responsables de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) en Teruel, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, a mantener una reunión con sus compañeros de la UCO dos semanas después para saber si ambas pesquisas podían solaparse. Sobre el contenido de aquel encuentro, los agentes de la UCOMA remitieron un oficio el 29 de diciembre al juez de Teruel en el que le informaban que “a priori, UCO investiga a Forestalia por motivos distintos”. Poco más de dos meses después, las sedes de la empresa en Madrid y Zaragoza eran de nuevo registradas. Esta vez, por la trama que favorecía de manera supuestamente irregular proyectos eólicos y solares en Teruel.
