El Tribunal Supremo ha puesto fin este jueves al pleito entre el Estado y la familia de Francisco Franco por la propiedad del pazo de Meirás. La Sala Civil ha resuelto por unanimidad que el pazo y sus fincas son propiedad del Estado, pero también que los herederos del dictador tienen derecho a ser compensados económicamente por las obras y el mantenimiento realizado en el inmueble porque, según los jueces, la familia no ocupó la propiedad de “mala fe”. El Supremo no cifra el importe de esa indemnización, pero sí establece que debe cubrir solo “los gastos necesarios y útiles” acometidos desde la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, una cantidad que sus nietos han cifrado en 800.000 euros. Ahora será un juzgado de A Coruña el que, en el trámite de ejecución de la sentencia, tendrá que acordar el valor de la compensación.
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