Las protestas sociales de 2018 marcaron un punto y aparte para Nicaragua. La dictadura de la pareja presidencial de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ya se había consolidado en el poder durante casi una década, y con ello, puesto las bases para sofocar la libertad de prensa, expresión e información: control del discurso, estigmatización de los medios, apropiación del sistema político y mediático. Pero el grado de represión que se empleó durante esas mismas manifestaciones, en las que murieron más de 300 personas, entre ellas menores de edad, abrió un nuevo capítulo para la prensa en el país. Desde entonces, se ha registrado el cierre o la confiscación de 61 medios de comunicación y el exilio forzado de 309 periodistas y trabajadores del sector, según datos recogidos por la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED).
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