Un dilema de moral pública

El debate sobre la “prioridad nacional” ha acabado convirtiéndose en el símbolo más visible de las concesiones del PP a Vox para poder gobernar allí donde necesita sus votos. Hoy es en las comunidades autónomas de todos conocidas; pero, por lo ya trascendido, todo indica que seguirá siendo el precio a pagar en el caso de una victoria de los populares en las próximas elecciones generales. La parte buena es que ya estamos avisados; la mala, que todavía no sabemos con precisión en qué se vaya a concretar. Y si lo ignoramos es porque el PP es consciente de que se trata de un asunto sensible, con claras implicaciones morales. Ahí está la reacción de los obispos y de diversas voces asociadas a la derecha. Por eso se aferra a la idea del “arraigo” más que a la de prioridad “nacional” —en sentido estricto— para justificar el acceso a prestaciones sociales. O la necesidad de “ajustarse a la ley” y a la Constitución.

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