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En Arrels, una entidad catalana que atiende a personas sin hogar, llevan semanas dándole vueltas a un problema: ¿cómo lograr que los extranjeros que viven en la calle y sin documentación sean, también, beneficiarios de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno? “Presentaremos los expedientes lo mejor que podamos, pero no sabemos qué papeles vamos a poder tener y si van a servir”, reflexiona Eva Hobiech, responsable del equipo jurídico de Arrels ante un procedimiento administrativo que vuelve a constatar la invisibilidad de los más vulnerables entre los vulnerables. En conversación con EL PAÍS, Hobiech advierte del riesgo real de que muchas de esas personas, sobre todo las que carecen de documentación, queden fuera del abrigo de la regularización, expulsadas del sistema a perpetuidad.
