Seis de las 16 asesinadas este año contaban con una orden de alejamiento, ¿por qué suben los feminicidios con denuncia previa?

El pasado domingo, cuando aún no había amanecido, Arelis Jiménez se descolgaba por la ventana de un tercer piso en Pamplona con una sábana. Intentaba huir de su expareja, un hombre al que había denunciado y que tenía una orden de alejamiento en vigor. Pero cayó al vació, y murió. El lunes, en Córdoba, iba a producirse un juicio rápido contra un hombre que tres días antes había entrado con un martillo en casa de Tulia Ester, su exmujer: le destrozó el equipo de música, la agarró del pecho y la amenazó con destrozarle toda la casa. La policía lo detuvo y un juez decidió imponerle una orden de alejamiento. Sin embargo, lo dejó en libertad hasta que tuviera lugar un juicio que nunca se produjo: la mató esa mañana en el portal de su casa.

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¿Y las pulseras antimaltratadores?

La violencia machista es uno de los problemas estructurales más complejos de sociedades de todo el mundo, entre otras razones, por la bolsa oculta de denuncias. Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, señala que las cifras son “de unas 200.000 denuncias al año” pero que desde la justicia se calcula “que hay alrededor de 600.000 hechos anuales, es decir, que puede haber un 60% que aún no se denuncia, y eso tras los enormes avances de los últimos años”. Según las cifras oficiales, desde que hay registro, se ha pasado de las 135.539 que se interpusieron en 2009, a las 204.342 del pasado año. En 27.030 de esos casos se activaron órdenes de protección y en 4.420 casos se decidió la activación de una de las llamadas pulseras antimaltradores.

Esos dispositivos, aún presentando múltiples fallos, han sido hasta ahora la única medida 100% eficaz para impedir los feminicidios. Ninguna de las más de 22.000 mujeres que la han llevado desde que se implantaron en España en 2009 ha sido asesinada mientras lo llevaba. ¿Sería viable que todas las mujeres con medidas de protección la llevaran? No de momento. Ni el sistema técnico está preparado, ni sería posible por el factor humano gestionar y responder ante las incidencias de un volumen casi siete veces mayor. No habría suficiente personal técnico ni agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Magro recuerda que eso solo podría hacerse si se pudiese garantizar que no habrá errores. Además, “hay mujeres que no quieren llevarlas por diversas razones, y aunque es importantísima la concienciación de las víctimas en la necesidad de que el Estado las proteja, ellas tienen derecho a decidir”.