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En julio de 2023, un hombre de Vigo que estaba en pleno proceso de divorcio con su mujer, canceló el suministro de luz de la vivienda en la que ella aún residía. Tres años después, el Tribunal Supremo ha confirmado este lunes que esto supone un delito de coacciones enmarcado en el ámbito de la violencia de género, y lo ha condenado a nueve meses de prisión. El alto tribunal considera que el hombre buscaba “lograr que su esposa desalojase el domicilio” para “mejorar su posición en la negociación subsiguiente a la ruptura matrimonial”. Además, considera que este “acto de fuerza”, que, según señalan, “es equiparable” al de un corte de cables, supone “una violencia psíquica y una intimidación” hacia la que era en ese momento su mujer.
